En El Salvador se impone castigos diferentes a un expresidente y a una profesora que robaron dinero del Estado

Un expresidente de la República malversa 301 millones de dólares y la Fiscalía se conforma con que le impongan cinco años de cárcel y con recuperar sólo ocho de cada 100 dólares robados; una profesora malversa 68 mil dólares y la sentencian a 12 años de prisión y la condenan a pagar 10 mil dólares más de lo que se robó.

saca

La culminación del proceso penal contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y seis de sus colaboradores comienza a dejar una sensación de decepción entre los salvadoreños pero también viene a confirmar que en este país, la justicia no se imparte igual a todos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha tratado de vender a la población salvadoreña, la idea triunfalista  de que Saca se convertiría en el primer expresidente de la República en ser condenado y enviado a una cárcel a cumplir la condena por delitos admitidos; y digo que “ha tratado” porque las reacciones en las redes sociales han sido de cuestionar al ministerio público fiscal y no de felicitarlo.

El fiscal jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, dijo ayer, en un pasillo del edificio de tribunales, que es un hecho histórico en la justicia salvadoreña que un expresidente sea enviado a un centro de cumplimiento de penas a purgar su condena.

Sin embargo, parece que muchos salvadoreños no se tragan ese cuento y han cuestionado por qué la Fiscalía aceptó la propuesta de los abogados de los imputados y por qué se conforma con decir que el Estado salvadoreño va a recuperar aproximadamente 25 millones de dólares, cantidad que representa solo una doceava parte de todo lo malversado; o en otros términos, la Fiscalía solo estaría recuperando ocho de cada 100 dólares robados al Estado por Saca y Élmer Charlaix, exsecretario privado.

En opinión de jueces consultados, el procedimiento abreviado lo pide el abogado de un imputado cuando no tiene cómo defender a su cliente.

Agreguemos a lo anterior que en ocasiones anteriores, el Fiscal General, Douglas Meléndez, se ufanó diciendo que en el caso Saca, tenían una investigación sólida…

¿Y entonces por qué aceptaron la propuesta de la defensa?

Es evidente que los más gananciosos con ese trato son los imputados puesto que con las penas que ha pedido la Fiscalía, en un par de años, Saca y Charlaix estarían libres. Para ambos, la Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) y otros cinco por el delito de lavado de dinero.

Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, y César Funes, exsecretario de la juventud,  recuperarían su libertad a la vuelta de un año, a lo sumo, pues ambos sólo están acusados del delito de lavado de dinero, y la Fiscalía ha pedido que se les imponga cinco años de prisión… Y ya casi llevan dos años de estar presos.

Directora de escuela, condenada por peculado

Hay un hecho que viene a confirmar que la Fiscalía no da un trato igualitario para todos los que malversan fondos públicos.

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Boletín publicado por la Fiscalía General de la República.

Este es el caso de la profesora Gladis Marina Mazariego Sosa, ex directora del Centro Escolar Walter Thilo Deinninger, de Antiguo Cuscatlán, quien malversó 68  mil dólares de los fondos asignados al centro escolar que dirigía y que fue condenada en diciembre de 2017.

Para ella no hubo petición de proceso abreviado a pesar de que la cantidad de dinero que malversó no llega ni al 1% de lo que Saca y Charlaix malversaron. Es más, esa profesora estará encarcelada más del doble de tiempo de lo que ambos exfuncionarios estarán, gracias a la benevolencia de la Fiscalía General de la República que aceptó el trato que le propusieron los defensores.

Para colmo, a la directora de la escuela pública, la Fiscalía solicitó al tribunal que le impusiera poco más de 78 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, esto es, 10 mil dólares más de lo que que se apropió.

Por supuesto, que tan repugnante es aquel funcionario o empleado público que malversa  uno, cinco o diez dólares, como aquel o aquellos que malversan millones, como es el caso de Saca y Charlaix.

Pero comparando el caso de Saca y Charlaix con el de la profesora Mazariego Sosa, es evidente que la Fiscalía se ensaña con unos y con otros, con los que roban millones, se vuelve complaciente.

Y en un país con hospitales con escasez de medicinas y de camas, en un país donde hay policías durmiendo en el suelo, en un país con tantas necesidades, la justicia debería ser implacable con todos aquellos que se roban los dineros del Estado, cualquiera que fuera la cantidad.

 

  1. Andrés Orellana 8 agosto, 2018 en 11:33 pm

    Por supuesto, que la profesora no compartió lo robado, con ministros
    y diputados; por eso le aplicarán
    todo el peso de la ley.
    Querer aplaudir la actuación timorata
    de la Fiscalía… sería cono querer
    premiar a un alumno, por ser ignorante.

    Lamentable nuestro sistema de justicia

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