¿Quiénes se benefician con la oposición de Sánchez Cerén a dar autonomía a la Unidad de Investigación Financiera?

La actitud del presidente salvadoreño bien podría tomarse como una afrenta, como un desafío. a las palabras pronunciadas el jueves anterior por la embajadora Jean Manes durante la conferencia “Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero”.

O como un beneficio a varios salvadoreños de cualquier color político, que podrían ser de los primeros incluidos en la lista de lavadores de dinero proveniente del narcotráfico o de gobiernos corruptos.

Horas después de que la embajadora de Estados Unidos en El salvador, Jean E. Manes, dijera en su discurso  durante la Conferencia “Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero” que El Salvador estaba dando pasos importantes en el combate a la corrupción, como la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República encaminadas a fortalecer la independencia de la Unidad de Investigación Financiera, trascendió que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén había vetado tales reformas.

“No se puede negar que El Salvador ha dado algunos pasos importantes en el combate contra la corrupción. Como la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para fortalecer la independencia de la Unidad de Investigación Financiera, por ejemplo”, dijo Manes el jueves anterior.

Al momento de señalar ese paso positivo, aún no había trascendido que tal reforma aprobada el 20 de julio de este año por la Asamblea Legislativa, sería vetada por el mandatario salvadoreño, bajo el argumento de que es inconstitucional y le resta facultades al fiscal general.

Esa reforma fue solicitada a principios de este año, por el mismo fiscal general, Douglas Meléndez, por lo que resulta obvio que este funcionario no hubiese solicitado una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, si hubiese contrariado la Constitución de la República.

Con la aprobación de la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la FGR, se otorgaba autonomía funcional y técnica a la Unidad de Investigación Financiera, además de colocarla en armonía con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

¿Quiénes se benefician con el veto presidencial?

Pues es evidente que a nivel internacional hay varios salvadoreños que están siendo investigado por lavado de dinero del crimen organizado, como el narcotráfico, tráfico de armas y actos de corrupción cometidos en sus propios países.

Es más, el veto presidencial se conoce a pocos días de que el presidente Donald Trump aprobara una enmienda bicameral de congresistas para elaborar lista de narcotraficantes y funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, esto es, El Salvador, Guatamela y Honduras.

La actitud del presidente salvadoreño bien podría tomarse como una afrenta, como un desafío. a las palabras pronunciadas el jueves anterior por la embajadora Jean Manes durante la conferencia “Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero”.

O como un beneficio a varios salvadoreños de cualquier color político, que podrían ser de los primeros incluidos en la lista de lavadores de dinero proveniente del narcotráfico o de gobiernos corruptos.

Entre esos salvadoreños está el excomandante guerrillero José Luis Merino, conocido también como Ramiro Vásquez, cuyo nombre ha sido mencionado reiteradas ocasiones en investigaciones de agencias estadounidenses. De hecho, el 2 de agosto, un grupo de senadores pidieron al presidente Trum sancionar urgentemente a Merino y al empresario Enrique Rais, a quien los congresistas le atribuyen relaciones comerciales y empresariales con Merino, .

También puede leer: Congresistas estadounidenses urgen al presidente Trump sancionar a José Luis Merino y a Enrique Rais

Quienes han de estar felices y tranquilos con el veto a la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía, son todos aquellos salvadoreños que están involucrados con una (presunta) red de lavado de más de mil 200 millones de dólares que han sido malversados por funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello, Elías Jaua, Tarek el Aissami, Adán Chávez, Abraham Eduardo Ortega, de los fondos de Petróleos de Venezuela, PDVSA, según reiterados señalamientos que ha hecho la Fiscal General de Venezuela (en el exilio) Luisa Ortega.

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De momento, para sustentar casos judiciales contra algunos salvadoreños lacayos de funcionarios corruptos venezolanos y de excomandantes de las FARC  (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya desmovilizadas) y procesarlos en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA tendrán que seguir esperando; ello gracias al veto de Sánchez Cerén.

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