¿Será China el plan B de corruptos salvadoreños?

Más que atraer beneficios para la economía salvadoreña, parece que lo que se busca es hacer de China lo que Estados Unidos fue para muchos funcionarios y exfuncionarios corruptos de gobiernos latinoamericanos durante la Guerra Fría: un lugar donde vivir y disfrutar tranquilamente de sus fortunas malhabidas sin tener que rendir cuentas por robar dineros públicos o violar derechos humanos.

La ruptura de relaciones con Taiwán y el simultáneo establecimiento de relaciones con China continental sorprendió a la mayoría de salvadoreños el pasado lunes, cuando el presidente Salvador Sánchez Cerén lo anunció. Pero el gobierno ya lo venía planificando desde hace varios meses.

Allá por mayo de este año, cuando me comentaron que el Órgano Ejecutivo andaba coqueteando con China, no creí que sucediera tan rápido. Aunque me advirtieron que sí, porque se trataba de buscar una alternativa de apoyo ante la creciente decisión de Estados Unidos de condicionar la ayuda económica a cambio de combatir la corrupción en El Salvador.

¿Pero por qué buscar a China como alternativa? La explicación es simple: depender menos de los Estados Unidos y, en consecuencia, no estar sujetos a sus políticas. Quién paga el mariachi, pide la canción, dice un refrán. Pero los corruptos salvadoreños no lo ven así. Ellos quieren estar malversando dineros de donaciones que hace el pueblo estadounidense sin tener que rendir cuentas claras de esas ayudas.

A muchos políticos salvadoreños corruptos no les ha gustado que Estados Unidos esté enfrascado en una lucha por llevar ante la justicia a empresarios, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños que están involucrados en actos de corrupción, malversación de fondos públicos o vinculados a actividades del crimen organizado, como el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de funcionarios venezolanos que están bajo la mirada de la justicia estadounidense.

(Puede leer más sobre la malversación y lavado de dinero proveniente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el siguiente enlace: Exejecutivo de banco suizo se declara culpable en EEUU de lavar dinero de venezolana PDVSA).

 

Merino y rais

Enrique Rais  (izquierda) y José Luis Merino. Un grupo de congresistas ha pedido al presidente Trump que sean sancionados porque, según los funcionarios estadounidenses, están vinculados a actividades de corrupción y crimen organizado.

A principios de este mes, un grupo de congresistas de Estados Unidos pidió al presidente Donald Trump que hiciera uso de su autoridad bajo la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, para sancionar varias personas de Guatemala, Honduras, México y El Salvador, por su participación en actividades de corrupción y crimen organizado.

Concretamente los congresistas mencionaron a dos salvadoreños: José Luis Merino y Enrique Rais. Merino es el máximo dirigente del FMLN, partido en el poder. “El big brother; el que reparte”, según cuentan algunos políticos de izquierda desencantados con la manera en cómo han manejado ese instituto político y la administración pública en los últimos dos mandatos presidenciales.

Rais es un empresario que Estados Unidos vincula con Merino. Actualmente es prófugo de la justicia salvadoreña, y se encuentra viviendo en Suiza, desde donde libra una batalla legal con un equipo de abogados en El Salvador que argumentan que a su cliente le están haciendo vinculaciones falsas.

Catorce días después de la petición que los congresistas hicieron a Trump, éste firmaba la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA en inglés). La misma ordena la elaboración de una lista de funcionarios y particulares corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador, y fue impulsada por la senadora de origen guatemalteco, Norma Torres, entre otros.

“Orgullosa de anunciar que la provisión bicameral que presenté con @SenatorCardin para responsabilizar a los funcionarios corruptos en Centroamérica ha sido firmada en ley por el Presidente. ¡Es hora de ponernos a trabajar contra la corrupción!, tuiteó la congresista, inmediatamente después de que Trump avalara la ley.

Funcionarios vinculados al narcotráfico, corrupción y financiamiento ilícito de campañas políticas serán colocados en una lista que cada seis meses conocerá el Congreso estadounidense.

Y en El Salvador hay muchos y de diversos colores.

Además, los Estados Unidos ha comenzado, con funcionarios y exfuncionarios nicaragüenses, venezolanos, hondureños y guatemaltecos vinculados con el narcotráfico y actos de corrupción, a revocarles  la visa y a congelarles bienes y dinero que tienen en bancos estadounidenses.

Todo eso ha obligado a muchos gobiernos corruptos a fijar la vista en el oriente, en China específicamente, como un lugar donde puedan tener sus dineros a buen resguardo, pero además de eso, han comenzado a ver en esa nación, lo que Estados Unidos fue para muchos funcionarios de gobiernos militares latinoamericanos durante la Guerra Fría: un lugar donde poder disfrutar de sus fortunas sin ser molestados por sus adversarios políticos o por la justicia en sus respectivos países por casos de corrupción y violación a derechos humanos.

Y a China le conviene. Por eso  hay que poner mucha atención con lo que el gobierno actual pueda hacer con bienes estatales en el Golfo de Fonseca y con la isla Perico.

El presidente Sánchez Cerén debería poner a disposición de todos los salvadoreños, los términos bajo los cuáles se estableció las relaciones con China, porque no parece que las intenciones u objetivos de parte de esa potencia sean sólo  lazos comerciales; podría haber intereses militares, según expertos en seguridad nacional.

Y de parte de El Salvador, de los funcionarios actuales en el Órgano Ejecutivo,  no parece que sea precisamente buscar relaciones diplomáticas que generen beneficios para los salvadoreños, incluso tensando relaciones con Estados Unidos, desde donde vienen miles y miles de millones de dólares en remesas familiares.

Más bien están asustados por los ejemplos recientes de rendición de cuentas ante la justicia salvadoreña: los casos de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes los tiene preocupados: no pueden irse a Miami y no quieren ir a Mariona. Pero la inestabilidad política que viven Nicaragua y Venezuela no les dan la confianza suficiente

¡Que Costa Rica y Panamá establecieron relaciones con China y no pasó nada! Sí, así lo fue. Pero las economías de esos dos países no dependen de las remesas familiares; no tienen muchos paisanos que estén preocupados por los errores diplomáticos del gobierno de su país natal.

 

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